El Gran Hermano –el de Orwell, no el de Telefe– avanza y lo hace desde Finlandia. Porque el Eduskunta, el parlamento de ese país nórdico, aprobó por amplia mayoría una polémica ley que da luz verde a las empresas y organismos públicos para vigilar y fisgonear los correos electrónicos de sus empleados y evitar así la filtración de secretos industriales.
La reforma de la Ley de Protección de las Comunicaciones Electrónicas adoptó el nombre de su máxima empresa patrocinadora o lobbista, Nokia, el fabricante de teléfonos celulares que presiona desde hace más de dos años para que el Parlamento le permita mantener a raya a sus trabajadores y frenar el espionaje industrial que sufrió frente a la compañía de telecomunicaciones china Huawei.
Incluso hubo rumores de que la multinacional finlandesa fundada en 1865 por Fredrik Idestam había amenazado con retirar su sede del país si no se aprobaba la reforma. Una amenaza –reiteradamente desmentida por la empresa– demasiado fuerte: Nokia es el mayor fabricante de celulares en el mundo y es el verdadero motor de la economía finlandesa.
La Ley Nokia (o Lex Nokiaksi, en finés), así, pasó sin muchos palos en la rueda: recibió 96 votos a favor –sobre todo de diputados de la coalición gubernamental de centroderecha liderada por el primer ministro, Matti Vanhanen, y la ministra de Telecomunicaciones finlandesa, Suvi Linden–, 56 votos en contra y 48 abstenciones.
Concretamente, no dice que los jefes de ahora en más podrán leer el contenido de los mails sino conocer datos como el nombre del destinatario y el remitente, el formato y tamaño de los archivos adjuntados, o la fecha y hora de los mensajes, aunque como condición previa deberá existir una sospecha de daños al negocio.
“No seamos naífs –dijo Vanhanen para justificar su voto a favor–. El espionaje corporativo ocurre en Finlandia y hay que instrumentar medidas para frenarlo.”
Desde el primer momento –en 2005– se criticó la transparencia de la elaboración del proyecto de ley, tildado de anticonstitucional: “La Ley Nokia es criticada porque una empresa o una distribuidora de red posee el derecho de acceder al secreto de noticias confidenciales garantizadas legalmente por la Constitución –dijo en un editorial el diario Helsingin Sanomat, el mismo que publicó citando fuentes anónimas el rumor de la partida de la sede de Nokia de Finlandia–.
Los derechos fundamentales se han coartado ya en otras áreas, pero siempre se ha guardado un equilibrio entre los intereses privados y sociales. El proyecto de ley se ha redactado en estrecha colaboración con representantes de la economía y el comercio, pero la modificación legal afecta considerablemente a la población y a toda la sociedad. Por ello, la preparación debería haberse realizado sobre una base más amplia y pública, sobre todo si afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Las protestas se replicaron en las calles, en Facebook, Flickr, en YouTube con “antianuncios” (http://fon.gs/nokia5) y videos que tergiversaban el eslogan de Nokia (“controlling people” en vez de “connecting people”) o en los que se ve a un diputado ir al baño con la Constitución finesa como papel higiénico (http://fon.gs/nokia6).
Hasta la policía se quejó al decir que con la nueva norma las empresas privadas asumen “competencias de las autoridades”. Pero ninguno de estos actos de oposición sirvió: la ley se aprobó y ahora la organización de derechos civiles Electronic Frontier Finland le solicitó al presidente del país, Tarja Halonen, que intervenga y que no la promulgue.
Porque la Lex Nokiaksi seguramente no se quedará sólo en Finlandia. No importa mucho que estas vueltas legislativas ocurran bien lejos de la Argentina, a 13.304 kilómetros de Buenos Aires: prácticamente sienta un precedente internacional y no sería muy sorprendente que leyes de este tipo sean alguna vez importadas, como en su momento fueron importadas también las papeleras.
criticadigital.com
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