Hospital Braulio Mayano-Neuropsiquiátrico femenino
La Comisión de Salud de la Legislatura porteña elevó un informe al gobierno de Mauricio Macri en el que denunció que los psiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires tienen graves problemas edilicios y que faltan médicos, psicólogos y enfermeros para contener la demanda de miles de pacientes de bajos recursos, entre otras falencias que pusieron al sistema de salud mental porteño en estado crítico. En diálogo con Críticadigital, la legisladora Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) indicó que sólo en los hospitales Borda y Moyano hay cerca de 2.500 internos y se realizan, en promedio, alrededor de 1.000 consultas ambulantes diarias.
“Falta medicación y material quirúrgico -señaló Alegre-. Son hospitales que tienen problemas con el suministro de gas y de electricidad. En el Borda no alcanzan las sábanas y en el Moyano, no hay ni toallas higiénicas para las pacientes ni algodón ni guantes”.
El sistema de salud mental de la ciudad también incluye los talleres protegidos del Borda, en peligro de cierre según denunciaron varias veces los trabajadores; el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, cuyas obras de refacción tienen un atraso crónico que va por los tres años; y prestaciones especiales en hospitales generales como en el Alvear, limitados en personal y en espacio y cuya situación es similar a la que atraviesan los neuropsiquiátricos.
UNA LEY OLVIDADA.
Las legisladoras que firmaron el informe –Alegre, Alicia Bello e Ivana Centenaro del Frente para la Victoria, y Diana Maffía de Coalición Cívica- conforman la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental, promulgada en el 2000 y reglamentada cuatro años más tarde.
La ley señala que la salud mental es un derecho humano y posiciona al Estado como su garante, en sintonía con los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que trabaja en nuevos paradigmas basados en la desmanicomialización de los enfermos mentales. Entre otros puntos, la norma fortalece la reinserción social de los pacientes, el establecimiento de dispositivos alternativos a las internaciones en hospitales monovalentes como las casas de medio camino y la extensión de los servicios de salud mental a los hospitales generales.
No obstante, la Comisión Especial de Seguimiento, que se conformó en junio de este año, advirtió que el "Plan de Salud Mental" que el gobierno porteño anunció en abril pasado contradice algunos de estos principios.
“Si bien se desconocen los detalles –señala el documento-, ha trascendido la construcción de nuevos ‘centros de internación’ (siete) con dispositivos de control como circuitos cerrados de televisión y vidrios blindados, medidas que contradicen los principios que proclama la Ley 448”.
Críticadigital intentó comunicarse con las autoridades porteñas, pero las dos veces desestimaron la consulta.
FALTA PERSONAL, FALTAN INSUMOS, FALTA DIGNIDAD.
Tránsito Fernández es enfermera y delegada gremial del Hospital Moyano. “La mitad de la población internada vive en buenas condiciones porque está alojada en los pabellones nuevos –señaló-, pero la otra mitad se quedó en los viejos donde hay problemas en el suministro de gas y electricidad”. Los pabellones nuevos se alternan con los pabellones viejos y con los pabellones a medio construir. El reclamo de los médicos es que se terminen las obras y que se contraten operarios para el mantenimiento edilicio porque aseguran que las instalaciones se degradan rápidamente. La falta de personal es otro punto sensible. “Tenemos 25 psicólogas para más de mil pacientes”, advirtió Fernández y agregó que las enfermeras no dan abasto y muchas veces lavan la ropa de cama e higienizan los servicios porque no hay mucamas. Por caso, el área de lavandería está refaccionada a nuevo pero no hay quien la haga funcionar. “Necesitamos que se nombre personal, porque hay muchas compañeras que se jubilaron –continuó la delegada gremial-. En algunos turnos hay una o dos enfermeras para un pabellón de 70 pacientes”. Fernández indicó que el 60% de las internas del Moyano son mujeres que están internadas hace mucho tiempo y que nadie las visita.
La falta de insumos cala hondo: faltan toallas femeninas, jabones, desodorantes. Detalles que hacen la vida más digna y si no entran a través de una donación, faltan. En el Tobar García, las urgencias también radican en el nombramiento de personal y en la conclusión de las obras. En diálogo con Críticadigital, el jefe de la sección de Psiquiatría en el Departamento de Consultorios Externos, Eduardo Friedman, advirtió que originalmente, las refacciones tenían que terminarse en 18 meses pero el atraso ya está por cumplir los tres años. “La administración (del jefe de gobierno porteño Mauricio) Macri prometió que se van a terminar a fin de año”, dijo Friedman. La tercera etapa de las remodelaciones afectan al Edificio Torres, donde funcionan los consultorios externos, el servicio de guardia, y de conducción del hospital.
El Hospital Carolina Tobar García es uno de los pocos neuropsiquiátricos públicos para niños y adolescentes que hay en el país. Alberga a 60 chicos internados graves y necesita enfermeras para habilitar el área de menores de 12 años.
En sintonía con la nueva Ley, la institución apunta a disminuir las internaciones prolongadas, pero el Hospital de Día estuvo cerrado más de un año por la demora de las obras.
“Estamos en un proceso de readmisión de pacientes”, explicó Friedman. El Hospital de Día, por ahora, tiene alrededor de 100 y realiza cerca de 300 prestaciones mensuales limitadas, indica el médico, porque se desarrollan en áreas prestadas de otros servicios porque el edificio Torre, ya está en construcción y clausurado.
VIDAS ARRASADAS.
Los problemas que atraviesa el sistema de salud de la ciudad, no escapan a la oscura realidad nacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó en abril de este año una investigación, Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, que realizó junto al Mental Disability Rights Internacional (MDRI) y en la que denuncia “las sistemáticas violaciones de derechos humanos a las que son sometidas las 25.000 personas recluidas en estas instituciones”.
Según el CELS, la mayoría de los internos son “pacientes sociales, a los que no se les ofrecen alternativas para desarrollar su vida fuera de la institución y deben permanecer asilados por períodos prolongados sin contar con la asistencia médica, psiquiátrica, psicosocial o legal que podría poner fin a su encierro”.
El estudio se realizó entre junio de 2004 y julio de 2007, sobre instituciones para personas con discapacidades psiquiátricas e intelectuales de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Río Negro y San Luis.
Los equipos del CELS y el MDRI se entrevistaron con funcionarios, profesionales, personas institucionalizadas, familiares y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Durante la investigación registraron situaciones de abuso y negligencia en instituciones psiquiátricas públicas, así como condiciones insalubres y graves amenazas para la seguridad de las personas.
Hospital José Tiburcio Borda-Neuropsiquiátrico masculino
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