Por Hugo R. Hernández
La violencia en México se incrementa día a día. los asesinatos asociados al tráfico de drogas alcanzaron ya los 3.002 casos desde enero, un 76,5 por ciento más que en el mismo período del año pasado. En el mismo lapso de 2008 las víctimas habían sido 1.701. No obstante, hubo una escalada violenta hacia el final del año, que cerró con 6.290 asesinatos, más del doble que en 2007.
La región más violenta ha sido Chihuahua, un estado fronterizo del norte, donde se encuentra Ciudad Juárez, y en el que los cárteles de Juárez y Sinaloa luchan por controlar las rutas de tráfico de cocaína hacia EE. UU., aunque no se descarta el estado de Michoacán (en el oeste del país), donde el grupo criminal denominado “La Familia” se vino apoderando del territorio hasta infiltrar a parte del gobierno estadual. Pero el presidente, Felipe Calderón, decidió enfrentar la delincuencia con el Ejército. ¿Será suficiente para cortar de raíz este cáncer?
“La Familia” es un cártel compuesto por cerca de 5.000 personas que se dedican a traficar metanfetaminas, heroína o cocaína, de lo que obtiene entre 50 y el 55 por ciento de sus ganancias, mientras que por extorsión, secuestros, piratería, entre otros, obtiene el otro 45 por ciento, según el profesor en Economía y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Edgardo Buscaglia. Está liderada por un evangélico, Christian Nazario Moreno (“El Más Loco”), y usa escrituras de la Biblia para inspirar a sus traficantes y sicarios.
Desde que asumió el poder Calderón, el Gobierno mexicano desplegó casi 50.000 militares contra al narcotráfico. Pero por desgracia, asevera Buscaglia, no atacó la delincuencia en las distintas dimensiones que indica la Convención de ONU celebrada en Palermo hace dos años:
1. No se minó su estructura financiera. La delincuencia organizada copó el 85 por ciento del sector productivo y empresarial en Michoacán y otros nueve estados.
2. No se llevaron acciones enérgicas contra la corrupción política vinculada al narcotráfico y las organizaciones delictivas.
3. No se implementó una política de prevención enfocada a los jóvenes inmersos en la adicción, y quienes se deslizan hacia las pandillas sin darles alternativas de vida.
“Es una paradoja de la represión. Cuanta más represión hay, mayor violencia se desata. Y es lo que estamos viviendo ahora en México”, advierte Buscaglia.
Semanas atrás se giró una orden de captura contra el diputado electo Julio César Godoy, hermano del gobernador del estado de Michoacán, electo diputado federal por la izquierda en las elecciones legislativas del 5 de julio y ahora prófugo. Michoacán fue escenario reciente de una ola de ataques de “La Familia” contra la Policía Federal, en la que murieron al menos 16 agentes (12 de los cuales fueron emboscados, torturados, asesinados y abandonados en una ruta). Al menos cuatro miembros de “La Familia” fueron detenidos y acusados por su participación en las matanzas, que se habrían originado por la captura de uno de sus líderes.
“Fue el peor ataque contra las fuerzas de seguridad mexicanas”, afirma Raúl Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializado en Seguridad y Fuerzas Armadas. Según Benítez Manaut, la infiltración de los cárteles “seguramente existía en las anteriores campañas electorales, pero nunca se había hecho pública ni había habido investigaciones judiciales al respecto”. Uno de los luguartenientes Nazario, Luis Ricardo Magaña Mendoza, fue detenido el lunes 25 en Colima.
El Gobierno federal sigue enviando más agentes de inteligencia a la zona y está tomando más medidas de seguridad para enfrentar la ofensiva del narcotráfico, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Leonel Godoy no está para proteger a nadie, ni a familiares, ni a nadie. Y si un familiar mío cometió un delito (...) debe tener la oportunidad de defenderse”, afirmó a los medios el gobernador del estado. “Nunca se me vinculó recibiendo dinero y no tengo estructura como para proteger a esta organización delictiva”, adujo por su parte el prófugo, en una carta que envió el mes pasado a diputados electos que revisan su expediente. Si no lo impugnan antes, Julio César Godoy podría asumir el 28 de agosto y a partir de entonces, quedaría resguardado por fueros.
La infiltración del narcotráfico y de otras organizaciones del crimen organizado mexicano en la política fue uno de los principales temas en la campaña electoral de los pasados comicios legislativos.
En Chihuahua se contabilizan 1.198 asesinatos. Le siguen Durango, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Michoacán. El promedio es de 17 asesinatos diarios, de acuerdo con el recuento en los medios.
Aunque hubo un leve descenso de los asesinatos a principios de año, en las últimas semanas volvió a repuntar la violencia. Desde enero fueron asesinados al menos 18 militares, entre ellos el general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, que asesoraba al municipio de Cancún en temas de lucha contra el crimen organizado.
“La Familia” tiene una dimensión política importante, ya que el 63 por ciento de los municipios de Michoacán fue infiltrado; también dimensión económica, con la propiedad de muchos restaurantes; e infraestructura social que sustituye al mismo gobierno del estado, y que provee escuelas, seguridad y hasta servicios religiosos. “Estamos cuidando Michoacán; ojalá pudiéramos cuidar toda la República”, presumió este mes Servando Gómez Martínez, supuesto jefe operativo de La Familia.
Otro dato contundente es que alrededor del 72 por ciento del PBI en México, procedente de empresas legalmente constituidas, está siendo infiltrado por el crimen organizado. Es decir: si el Estado no combate a la empresa y al patrimonio social, y no detiene a la persona físicamente, “nunca se va a acabar con este cáncer”, apunta Buscaglia. Por otra parte, según Washington, hay cientos de empresas mexicanas ligadas a criminales, como una guardería subrogada del Instituto Mexicano de Seguridad Social, de una hija del narco Mayo Zambada.
Buscaglia es realista: “No creo que la violencia se termine en el corto plazo”.
elargentino.com
La violencia en México se incrementa día a día. los asesinatos asociados al tráfico de drogas alcanzaron ya los 3.002 casos desde enero, un 76,5 por ciento más que en el mismo período del año pasado. En el mismo lapso de 2008 las víctimas habían sido 1.701. No obstante, hubo una escalada violenta hacia el final del año, que cerró con 6.290 asesinatos, más del doble que en 2007.
La región más violenta ha sido Chihuahua, un estado fronterizo del norte, donde se encuentra Ciudad Juárez, y en el que los cárteles de Juárez y Sinaloa luchan por controlar las rutas de tráfico de cocaína hacia EE. UU., aunque no se descarta el estado de Michoacán (en el oeste del país), donde el grupo criminal denominado “La Familia” se vino apoderando del territorio hasta infiltrar a parte del gobierno estadual. Pero el presidente, Felipe Calderón, decidió enfrentar la delincuencia con el Ejército. ¿Será suficiente para cortar de raíz este cáncer?
“La Familia” es un cártel compuesto por cerca de 5.000 personas que se dedican a traficar metanfetaminas, heroína o cocaína, de lo que obtiene entre 50 y el 55 por ciento de sus ganancias, mientras que por extorsión, secuestros, piratería, entre otros, obtiene el otro 45 por ciento, según el profesor en Economía y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Edgardo Buscaglia. Está liderada por un evangélico, Christian Nazario Moreno (“El Más Loco”), y usa escrituras de la Biblia para inspirar a sus traficantes y sicarios.
Desde que asumió el poder Calderón, el Gobierno mexicano desplegó casi 50.000 militares contra al narcotráfico. Pero por desgracia, asevera Buscaglia, no atacó la delincuencia en las distintas dimensiones que indica la Convención de ONU celebrada en Palermo hace dos años:
1. No se minó su estructura financiera. La delincuencia organizada copó el 85 por ciento del sector productivo y empresarial en Michoacán y otros nueve estados.
2. No se llevaron acciones enérgicas contra la corrupción política vinculada al narcotráfico y las organizaciones delictivas.
3. No se implementó una política de prevención enfocada a los jóvenes inmersos en la adicción, y quienes se deslizan hacia las pandillas sin darles alternativas de vida.
“Es una paradoja de la represión. Cuanta más represión hay, mayor violencia se desata. Y es lo que estamos viviendo ahora en México”, advierte Buscaglia.
Semanas atrás se giró una orden de captura contra el diputado electo Julio César Godoy, hermano del gobernador del estado de Michoacán, electo diputado federal por la izquierda en las elecciones legislativas del 5 de julio y ahora prófugo. Michoacán fue escenario reciente de una ola de ataques de “La Familia” contra la Policía Federal, en la que murieron al menos 16 agentes (12 de los cuales fueron emboscados, torturados, asesinados y abandonados en una ruta). Al menos cuatro miembros de “La Familia” fueron detenidos y acusados por su participación en las matanzas, que se habrían originado por la captura de uno de sus líderes.
“Fue el peor ataque contra las fuerzas de seguridad mexicanas”, afirma Raúl Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializado en Seguridad y Fuerzas Armadas. Según Benítez Manaut, la infiltración de los cárteles “seguramente existía en las anteriores campañas electorales, pero nunca se había hecho pública ni había habido investigaciones judiciales al respecto”. Uno de los luguartenientes Nazario, Luis Ricardo Magaña Mendoza, fue detenido el lunes 25 en Colima.
El Gobierno federal sigue enviando más agentes de inteligencia a la zona y está tomando más medidas de seguridad para enfrentar la ofensiva del narcotráfico, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Leonel Godoy no está para proteger a nadie, ni a familiares, ni a nadie. Y si un familiar mío cometió un delito (...) debe tener la oportunidad de defenderse”, afirmó a los medios el gobernador del estado. “Nunca se me vinculó recibiendo dinero y no tengo estructura como para proteger a esta organización delictiva”, adujo por su parte el prófugo, en una carta que envió el mes pasado a diputados electos que revisan su expediente. Si no lo impugnan antes, Julio César Godoy podría asumir el 28 de agosto y a partir de entonces, quedaría resguardado por fueros.
La infiltración del narcotráfico y de otras organizaciones del crimen organizado mexicano en la política fue uno de los principales temas en la campaña electoral de los pasados comicios legislativos.
En Chihuahua se contabilizan 1.198 asesinatos. Le siguen Durango, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Michoacán. El promedio es de 17 asesinatos diarios, de acuerdo con el recuento en los medios.
Aunque hubo un leve descenso de los asesinatos a principios de año, en las últimas semanas volvió a repuntar la violencia. Desde enero fueron asesinados al menos 18 militares, entre ellos el general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, que asesoraba al municipio de Cancún en temas de lucha contra el crimen organizado.
“La Familia” tiene una dimensión política importante, ya que el 63 por ciento de los municipios de Michoacán fue infiltrado; también dimensión económica, con la propiedad de muchos restaurantes; e infraestructura social que sustituye al mismo gobierno del estado, y que provee escuelas, seguridad y hasta servicios religiosos. “Estamos cuidando Michoacán; ojalá pudiéramos cuidar toda la República”, presumió este mes Servando Gómez Martínez, supuesto jefe operativo de La Familia.
Otro dato contundente es que alrededor del 72 por ciento del PBI en México, procedente de empresas legalmente constituidas, está siendo infiltrado por el crimen organizado. Es decir: si el Estado no combate a la empresa y al patrimonio social, y no detiene a la persona físicamente, “nunca se va a acabar con este cáncer”, apunta Buscaglia. Por otra parte, según Washington, hay cientos de empresas mexicanas ligadas a criminales, como una guardería subrogada del Instituto Mexicano de Seguridad Social, de una hija del narco Mayo Zambada.
Buscaglia es realista: “No creo que la violencia se termine en el corto plazo”.
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