La ONU ha soliciatado a los países de la región de Asia-Pacífico más colaboración para combatir las bandas del crimen organizado trasnacional, que se han vuelto "más violentas y despiadadas que nunca". Algunas como las sociedades secretas china o los yakuza japoneses se aprovechan de la globalización para expandir sus negocios ilícitos más allá de las fronteras nacionales.
Un reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) hace un recuento de los principales grupos mafiosos de cada país.
"Las fronteras condicionan sobremanera las políticas de los Gobiernos, pero son irrelevantes para el crimen organizado trasnacional", señaló el responsable de la ONUDD para Asia Oriental y Pacífico, Gary Lewis, durante la presentación del informe, en Bangkok.
"China cuenta con un millón de sociedades secretas, de las que 4.200 son de naturaleza criminal y más de sesenta operan más allá de sus fronteras", asegura el documento.
Los grupos delictivos camboyanos centran sus actividades en el narcotráfico y la trata de blancas con la vecina Tailandia, que también provee su mercado negro de heroína y meta-anfetaminas introducidas por la guerrilla del Ejército Wa desde Birmania.
La criminalidad organizada en Malasia está dominada por la piratería en el estrecho de Malacca, aunque el tráfico de mujeres y drogas va ganando terreno.
Unos 249 grupos organizados operan en Filipinas, muchos de los cuales se dedican a la trata de blancas, pues más de 100.000 mujeres salen del archipiélago al año para ejercer la prostitución en el extranjero.
Unos 80.000 miembros del yakuza o crimen organizado japonés generan unos ingresos anuales de 50.000 millones de dólares; mientras que la Policía surcoreana detuvo a entre 2.000 y 3.500 mafiosos entre 1999 y 2005. El informe asegura que existen 370 organizaciones criminales en Nueva Zelanda y que el Gobierno de Australia gasta 10.000 millones de dólares anuales para combatir a sus grupos delictivos.
El profesor de la Universidad de Queensland (Australia) y autor del informe, Andreas Schloenhardt, asegura que la mejor respuesta ante el fenómeno es la adhesión e implementación de la Convención de Palermo, que busca "penalizar la mera asociación con un grupo criminal".
Aunque la norma ha sido ratificada por 147 países, por el momento sólo Estados Unidos, Australia, Singapur, Malasia, Brunei, Canada, Nueva Zelanda, China y Filipinas han estipulado penas concretas para los miembros de organizaciones criminales.
Indonesia, Camboya, Tailandia, Laos, Vietnam y otras naciones del Pacífico no cuentan con legislación al respecto.
elmundo.es
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