El PP pide medidas para combatir el comercio para trasplantes en el extranjero

El caso de Óscar Garay, el hombre que fue a China para someterse a un trasplante de hígado porque en España no cumplía los requisitos para ser sometido a la intervención, ha puesto sobre el tapete el polémico debate sobre el llamado turismo de trasplantes. Una realidad que no gusta a las autoridades españolas, que, sin embargo, no creen que se pueda perseguir. "Lo entendemos, pero no lo compartimos. Si el suceso se produce en un país donde no es delito pagar por conseguir un órgano, no podemos hacer nada", dijo ayer la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
El Código Penal se endurecerá para combatir el tráfico ilegal de órganos
Para los bioéticos, el problema es más el origen de la víscera que su uso
La ministra defiende la equidad y seguridad del sistema español
Pone como ejemplo "lo que pasaba en España cuando el aborto era ilegal". "Las mujeres que iban a Londres no eran perseguidas a su vuelta. Incluso hubo un grupo de jueces que quiso buscar un resquicio legal para hacerlo, pero la propuesta no salió adelante".
Y esta situación no va a cambiar. En la reforma del Código Penal que se está debatiendo en el Congreso se incluye una tipificación del tráfico ilegal de órganos, pero no se puede ir más allá. "Hasta ahora en España, donde no hay compraventa, se perseguía porque estaba considerado un delito de lesiones. Pero le propusimos al ministro de Justicia que lo incluyera, y lo aceptó muy bien", declaró Jiménez. Un portavoz de Justicia lo confirma: "Si la intervención se ajusta a la legislación del país, no hay delito".
Sin embargo, la ministra cree que hay razones "de seguridad, de calidad y de equidad" para no cambiar el sistema español, "basado en el altruismo" (los donantes no reciben compensación, y los receptores no pagan por los órganos). "Nuestra obligación es promoverlo", insistió Jiménez, y así se va a reflejar en la directiva europea sobre trasplantes que España promueve. La ministra afirma que la existencia de un mercado de órganos, aunque sea legal en algunos países, "es un incentivo para el tráfico ilegal". "Nuestro país es líder mundial en trasplantes precisamente por el modelo que tenemos. En él no caben criterios arbitrarios. Los órganos son para el que más los necesita, sin que influya su dinero o su posición", dijo. Si esto cambiara, "disminuiría la confianza de los ciudadanos, y eso repercutiría en que hubiera menos donaciones".
Pero que no haya impedimentos legales para ir a un país donde se puede comprar un órgano no quiere decir que no haya recelos. La catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y miembro de la Comisión española de bioética Yolanda Gómez cree que las sombras del caso no están tanto en la decisión de Garay, como en que probablemente ese órgano sea de un ejecutado. "Lo que tenemos que estar es en contra de la pena de muerte", pero el legislador "haría muy mal" en perseguir al paciente, opina. Más dura es la bioética Carmen Sánchez- Carazo. "Hay que ver estos casos desde fuera. Una persona nunca puede ser vista como un objeto", en este caso, como una fuente de órganos.
En la misma línea, la presidenta de la Fundación Bioética, María Dolores Espejo, cree que el sistema de compraventa de órganos no se debe implantar en España, pero que el caso sólo afecta a la "ética de la persona".
Nùria Terribas, presidenta del Instituto Borja de bioética, tampoco cree que se pueda perseguir esa práctica. "No podemos pretender que en todos los países tengan los mismos criterios que nosotros", afirma. Como mucho, el único debate que ve es que el paciente "haya reunido los 130.000 euros para operarse en el extranjero, pero luego sea el sistema público el que le tenga que proporcionar el seguimiento gratis".
Por su parte, el PP ha anunciado que va a pedir la comparecencia de Jiménez en el Congreso para que informe sobre los trasplantes "fraudulentos" que se realizan a españoles en terceros países, y las medidas a tomar para que estas intervenciones "prohibidas" no se repitan. "Este tipo de trasplantes tiene como base la compra de órganos", ha dicho el portavoz adjunto en la Cámara baja, Santiago Cervera, y España no puede ser indiferente a "este comercio absolutamente siniestro". "Es imprescindible que Sanidad curse instrucciones a las comunidades autónomas", informándoles sobre este tráfico, y se eviten así más prácticas de este tipo, ha añadido Cervera.
Choque de leyes
"El derecho tiene un principio, que es la territorialidad". Con esta explicación da por zanjada Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, la posibilidad de que se persiga a un español que vaya a China a someterse a un trasplante, aunque ello implique comprar el órgano, algo que está prohibido en España.
Esa circunscripción de las leyes al país que las emite tiene contadas excepciones, afirma Gómez, como el caso de la pederastia (algunos países castigan el turismo sexual con menores) o el terrorismo.
Pero son más las situaciones contrarias. Por ejemplo, Gómez menciona el caso del matrimonio de Valencia que ha tenido dos niños por gestación subrogada (lo que se denomina vulgarmente madre de alquiler) en Estados Unidos, "lo que es ilegal en España", pero aquí no se les puede perseguir.
Lo mismo sucede con los polígamos. En España no se pueden casar, pero si llega un hombre con varias esposas no se le obliga a divorciarse, y hasta se reconoce que hay una situación de especial relación con las mujeres.
O, al revés, sucede con el matrimonio gay: las uniones celebradas en España no son legales en la mayoría de países, por lo que no se pueden inscribir, pero eso no impide que se hagan.