ROMA (De nuestra corresponsal).- El dramático caso de Eluana Englaro, la mujer italiana en coma desde hace 17 años a quien comenzaron a suspenderle la alimentación artificial, degeneró ayer en una crisis institucional y de conflicto de poderes sin precedente en Italia.
En desafío de una sentencia de la Corte de Casación (máximo tribunal del país) y en un choque frontal con el presidente del país, Giorgio Napolitano, el gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer, por unanimidad y tras una larga deliberación, un decreto para declarar ilegal la suspensión de la alimentación o la hidratación artificial a una persona.
Berlusconi ignoró que Napolitano, la figura institucional más importante del país y árbitro máximo en situaciones extraordinarias (como la de Eluana), le había advertido en una carta que no iba a firmar el decreto por considerarlo inconstitucional. El decreto sólo puede entrar en vigor si es firmado por el presidente.
Para sortear este escollo, el premier de derecha se manifestó dispuesto a cambiar la Constitución. Y anoche convocó a un consejo extraordinario de ministros, que resolvió presentar un proyecto de ley para que sea tramitado en forma urgente en el Parlamento.
La ofensiva legislativa de Berlusconi está destinada a frenar la desconexión de Eluana, autorizada por una sentencia de la Corte de Casación en noviembre último. Napolitano sí dio luz verde a este trámite parlamentario, que sólo podría comenzar pasado mañana en el Senado.
El drama de Eluana se ha convertido en una carrera contra reloj. En la clínica de Udine, donde la mujer de 37 años se encuentra internada, los médicos que la atienden comenzaron ayer a reducir a la mitad su alimentación e hidratación. Y si alguien quiere bloquear la muerte de esta mujer -en coma vegetativo desde hace 17 años, cuando sufrió un terrible accidente de autos- tiene 48 horas para hacerlo. Después, todo será irreversible, indicaron los expertos.
"Es posible vivir dos o tres días sin tomar líquidos, por lo que Eluana podría sobrevivir", aseguró Berlusconi, que con semejante determinación fue más que aplaudido por el Vaticano, que considera que desconectar a la mujer es un asesinato.
"El gobierno ha tenido un gesto de gran coraje que será apreciado por la gran mayoría de los ciudadanos", aseguró Rino Fisichella, presidente de la Academia Pontificia de la Vida. "Nos alegramos de que las solicitudes que hemos llevado adelante hayan sido escuchadas", agregó.
Al explicar por qué decidió ir al choque con el presidente Napolitano, Berlusconi también dijo que "Eluana es una persona viva", en contraposición con lo que piensan muchos médicos. "Eluana respira, sus células cerebrales están vivas e hipotéticamente podría incluso tener hijos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que no muera", agregó.
En un clima político de gran tensión, la oposición de centroizquierda reaccionó a la impactante movida de Berlusconi con feroces críticas.
Mientras el equipo de médicos voluntarios que atienden a Eluana aseguraba que iba a seguir adelante con el protocolo de suspensión de la alimentación, el padre de Eluana no ocultó su desesperación. "Es un tormento sin fin; prefiero quedarme en silencio. Créanme -agregó- no hay más nada que decir sobre este asunto."
En desafío de una sentencia de la Corte de Casación (máximo tribunal del país) y en un choque frontal con el presidente del país, Giorgio Napolitano, el gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer, por unanimidad y tras una larga deliberación, un decreto para declarar ilegal la suspensión de la alimentación o la hidratación artificial a una persona.
Berlusconi ignoró que Napolitano, la figura institucional más importante del país y árbitro máximo en situaciones extraordinarias (como la de Eluana), le había advertido en una carta que no iba a firmar el decreto por considerarlo inconstitucional. El decreto sólo puede entrar en vigor si es firmado por el presidente.
Para sortear este escollo, el premier de derecha se manifestó dispuesto a cambiar la Constitución. Y anoche convocó a un consejo extraordinario de ministros, que resolvió presentar un proyecto de ley para que sea tramitado en forma urgente en el Parlamento.
La ofensiva legislativa de Berlusconi está destinada a frenar la desconexión de Eluana, autorizada por una sentencia de la Corte de Casación en noviembre último. Napolitano sí dio luz verde a este trámite parlamentario, que sólo podría comenzar pasado mañana en el Senado.
El drama de Eluana se ha convertido en una carrera contra reloj. En la clínica de Udine, donde la mujer de 37 años se encuentra internada, los médicos que la atienden comenzaron ayer a reducir a la mitad su alimentación e hidratación. Y si alguien quiere bloquear la muerte de esta mujer -en coma vegetativo desde hace 17 años, cuando sufrió un terrible accidente de autos- tiene 48 horas para hacerlo. Después, todo será irreversible, indicaron los expertos.
"Es posible vivir dos o tres días sin tomar líquidos, por lo que Eluana podría sobrevivir", aseguró Berlusconi, que con semejante determinación fue más que aplaudido por el Vaticano, que considera que desconectar a la mujer es un asesinato.
"El gobierno ha tenido un gesto de gran coraje que será apreciado por la gran mayoría de los ciudadanos", aseguró Rino Fisichella, presidente de la Academia Pontificia de la Vida. "Nos alegramos de que las solicitudes que hemos llevado adelante hayan sido escuchadas", agregó.
Al explicar por qué decidió ir al choque con el presidente Napolitano, Berlusconi también dijo que "Eluana es una persona viva", en contraposición con lo que piensan muchos médicos. "Eluana respira, sus células cerebrales están vivas e hipotéticamente podría incluso tener hijos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que no muera", agregó.
En un clima político de gran tensión, la oposición de centroizquierda reaccionó a la impactante movida de Berlusconi con feroces críticas.
Mientras el equipo de médicos voluntarios que atienden a Eluana aseguraba que iba a seguir adelante con el protocolo de suspensión de la alimentación, el padre de Eluana no ocultó su desesperación. "Es un tormento sin fin; prefiero quedarme en silencio. Créanme -agregó- no hay más nada que decir sobre este asunto."
En la Argentina no hay legislación sobre el "derecho a la muerte digna"
Por Ricardo Quesada De la Redacción de lanacion.com rquesada@lanacion.com.ar
La polémica por el retiro de la hidratación y la alimentación a la joven italiana Eluana Englaro, que hace 17 años permanece en coma, reaviva el debate sobre la eutanasia y el "derecho a la muerte digna" en el país.
"En estos casos no se trata de encarnizamiento terapéutico. La alimentación y la hidratación no son medicamentos", manifestó a lanacion.com el director del departamento de Bioética del hospital Austral, Rafael Pineda.
De acuerdo con el médico, en estos casos no cuenta la opinión que pudo haber dejado el paciente porque "la alimentación no es un tratamiento médico".
"Incluso hay estudios que demuestran que un paciente en estado vegetativo persistente puede sentir dolor", agregó.
En cambio, la situación sería diferente en caso de que se mantuviera vivo al paciente por medios mecánicos o si se tratara de un cáncer terminal, en el que realizar un tratamiento sólo prolongaría inútilmente su vida y su sufrimiento.
Distinta es la opinión del presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Carlos Gherardi, para quien prolongar la vida de esta manera cuando la familia se opone es innecesario.
"En la Argentina esto no está legislado, salvo en la provincia de Río Negro. Pero tampoco tendría por qué estarlo, ya que retirar un soporte vital es algo que debe decidirse en la confidencialidad de la relación médico-paciente", aseguró.
Recomendaciones de la SATI.
La polémica por el retiro de la hidratación y la alimentación a la joven italiana Eluana Englaro, que hace 17 años permanece en coma, reaviva el debate sobre la eutanasia y el "derecho a la muerte digna" en el país.
"En estos casos no se trata de encarnizamiento terapéutico. La alimentación y la hidratación no son medicamentos", manifestó a lanacion.com el director del departamento de Bioética del hospital Austral, Rafael Pineda.
De acuerdo con el médico, en estos casos no cuenta la opinión que pudo haber dejado el paciente porque "la alimentación no es un tratamiento médico".
"Incluso hay estudios que demuestran que un paciente en estado vegetativo persistente puede sentir dolor", agregó.
En cambio, la situación sería diferente en caso de que se mantuviera vivo al paciente por medios mecánicos o si se tratara de un cáncer terminal, en el que realizar un tratamiento sólo prolongaría inútilmente su vida y su sufrimiento.
Distinta es la opinión del presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Carlos Gherardi, para quien prolongar la vida de esta manera cuando la familia se opone es innecesario.
"En la Argentina esto no está legislado, salvo en la provincia de Río Negro. Pero tampoco tendría por qué estarlo, ya que retirar un soporte vital es algo que debe decidirse en la confidencialidad de la relación médico-paciente", aseguró.
Recomendaciones de la SATI.
De hecho, en las pautas que la SATI tiene para actuar en estos casos recomienda que se les plantee a los familiares la posibilidad de desconectar a los pacientes "cuando sólo se trate de mantener y prolongar un cuadro de inconciencia permanente e irreversible".
Según el médico, estas situaciones "penosas" son el precio que se debe pagar por el avance de la medicina.
"En principio en la Argentina cualquier persona tiene derecho a rechazar un tratamiento. Los médicos deben respetar este deseo. Así lo establece una ley que data de 1968. El problema se plantea cuando el paciente no puede decidir por sí mismo", sostuvo el jefe de la sección Riesgo Médico-Legal del hospital Muñiz, Ignacio Maglio.
De acuerdo con el abogado hay que ver si se considera que estos tipos de tratamientos médicos pueden considerarse desproporcionados.
"En caso de que esto sea así, es legítimo y legal que una persona pueda rechazarlo", sostuvo.
Caso en la Justicia.
Según el médico, estas situaciones "penosas" son el precio que se debe pagar por el avance de la medicina.
"En principio en la Argentina cualquier persona tiene derecho a rechazar un tratamiento. Los médicos deben respetar este deseo. Así lo establece una ley que data de 1968. El problema se plantea cuando el paciente no puede decidir por sí mismo", sostuvo el jefe de la sección Riesgo Médico-Legal del hospital Muñiz, Ignacio Maglio.
De acuerdo con el abogado hay que ver si se considera que estos tipos de tratamientos médicos pueden considerarse desproporcionados.
"En caso de que esto sea así, es legítimo y legal que una persona pueda rechazarlo", sostuvo.
Caso en la Justicia.
Sin embargo, según Maglio el único caso que se presentó en la Justicia argentina fue el de un hombre que, junto con sus hijos, reclamó la desconexión de su mujer. La causa llegó a la Corte de la provincia de Buenos Aires, que terminó por no hacer lugar al pedido "porque dijeron que no se podía hacer una representación sobre cuál habría sido la decisión de la mujer en este caso".
Por ese motivo, el letrado consideró que sería bueno que se sancionara una ley que les permita a los médicos actuar con tranquilidad.
En ese sentido, citó el ejemplo de la ley rionegrina que establece que "toda persona que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando éstos sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento".
Asimismo consideró positivo que se incluya dentro de la legislación la creación de un registro de objetores, en el que todos aquellos que por razones de conciencia se oponen a desconectar a un paciente puedan dejar asentada su posición.
Actualmente, en el Senado, hay tres iniciativas presentadas, pero ninguna de ellas ha avanzado.
Por ese motivo, el letrado consideró que sería bueno que se sancionara una ley que les permita a los médicos actuar con tranquilidad.
En ese sentido, citó el ejemplo de la ley rionegrina que establece que "toda persona que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando éstos sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento".
Asimismo consideró positivo que se incluya dentro de la legislación la creación de un registro de objetores, en el que todos aquellos que por razones de conciencia se oponen a desconectar a un paciente puedan dejar asentada su posición.
Actualmente, en el Senado, hay tres iniciativas presentadas, pero ninguna de ellas ha avanzado.
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