Por primera vez en la Argentina, una obra social –la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires– deberá pagarle a una pareja de lesbianas un tratamiento de fertilización asistida para que puedan tener un hijo en común con un donante de semen anónimo. Así lo dispuso la jueza porteña Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Este diario había informado en octubre del año pasado sobre el reclamo de Marisa y María del Pilar y el artículo publicado entonces fue considerado por la jueza como prueba en favor de la pareja.
Marisa había tenido su primer conflicto con la obra social cuando pidió la inscripción de María del Pilar como beneficiaria. Para cualquier pareja hétero, anotar a su pareja es un trámite simple, pero OBSBA sólo reconoce a las parejas homosexuales si tienen la unión civil, que sólo rige en la Ciudad de Buenos Aires.
Marisa es enfermera en un hospital porteño, pero vive con su pareja en La Matanza, donde no existe ni eso. Están casadas en la práctica hace seis años, pero no tienen una libreta oficial que lo certifique, por las razones que en estos días tanto se están discutiendo en el Congreso y los Tribunales.
El año pasado, asesorada por los abogados de la Federación Argentina LGBT, Marisa envió una carta documento a OBSBA y consiguió que María del Pilar recibiera el carnet. Tras ganar esa primera batalla, dieron el siguiente paso. Querían ser mamás, juntas, para lo cual necesitaban la cobertura del tratamiento de fertilización in vitro, que no podían pagar de su bolsillo.
En la mayoría de los países, las lesbianas que quieren ser madres sólo pueden conseguirlo mediante una relación sexual con un varón. Algunas llegan a mantener una relación heterosexual transitoria sólo para quedar embarazadas o se ponen de acuerdo con un amigo gay. Las que pueden pagarlo, tienen como alternativa las tecnologías de reproducción asistida, con donantes de esperma anónimos o conocidos, pero el costo es privativo para la mayoría. Las obras sociales y prepagas no se hacen cargo de los tratamientos, tampoco el hospital público. Algunas prepagas cubren apenas las drogas, pero sólo para mujeres heterosexuales con problemas de fertilidad o cuyos maridos tienen problemas de fertilidad. Las lesbianas tienen que pagar todo de su propio bolsillo.
Marisa y María del Pilar no podían pagar. Por ello, con el patrocinio de Alberto y Fernando Malimovca, la pareja se había presentado en Tribunales. El fallo de la jueza Liberatori, al que este diario accedió en exclusiva, ordena a OBSBA que “proceda de inmediato a adoptar las medidas necesarias tendientes a cubrir los costos económicos del tratamiento médico pertinente a los fines de que (las demandantes) puedan acceder a la posibilidad de tener un hijo en común”. El año pasado, algunos juzgados habían fallado en el mismo sentido, pero siempre se trataba de parejas heterosexuales con problemas de fertilidad. Es la primera vez que la justicia argentina reconoce este derecho a una pareja de lesbianas.
Las obras sociales y prepagas suelen argumentar que la maternidad no es un tema de salud. “Están sanas”, alegan. “Si tanto querés tener un hijo, tenelo por la vía natural”, le respondió uno de los abogados de OBSBA a María del Pilar. En su fallo, Liberatori rechazó el argumento: “La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el derecho a la salud es integral”, explica, y agrega que los derechos afectados son el derecho a la salud y el derecho a la igualdad, “atento a que la ciencia pone a disposición los medios” para alcanzar la maternidad, pero no todos pueden pagarlos.
Durante las audiencias realizadas en el juzgado, una nota de Crítica de la Argentina fue introducida por la jueza como prueba. Hernán Stella, vocero del Ministerio de Hacienda porteño –a cargo de la intervención a la obra social– había asegurado a este diario que la intervención estaba estudiando una resolución para ofrecer a sus afiliados una cobertura parcial de las prácticas de fertilización asistida y que esa resolución sería “para todos”, ya que dejar afuera a las parejas de lesbianas sería discriminatorio. Liberatori leyó la respuesta de Stella a los abogados de la obra social. Pero no alcanzó. Uno de los abogados dijo que era imposible responder a estos pedidos “sin discriminar” y rechazó que el derecho constitucional a la salud incluyera estos tratamientos. La jueza, entonces, le leyó en voz alta algunos artículos de la Constitución.
“Este fallo es una nueva expresión de apoyo de la Justicia a nuestros reclamos de igualdad jurídica”, afirma María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT.
“La jueza habla de hijos ‘en común’, que es el reconocimiento que cientos de niños y niñas necesitan en la Argentina para poder compartir la obra social, heredar los bienes de cualquiera de sus padres o madres y tener la garantía de que cualquiera de ellos quedará obligado a proveerles de alimentos y cuidados hasta la mayoría de edad”, agrega.
Marisa y María del Pilar saben que cuando un chico tiene dos mamás, una de ellas no existe para el Estado, porque no se pueden casar. Por eso, a partir de la medida dictada por la jueza, pedirán a la obra social que sea inseminado in vitro un óvulo de María del Pilar, pero el útero que llevará el bebé será el de Marisa. De esta forma, explican, “nadie podrá negarnos que las dos somos mamás”. Este procedimiento había sido adelantado en la demanda y fue aceptado por la jueza.Las futuras mamás comenzaron ya a analizar la posibilidad de presentar un nuevo amparo para contraer matrimonio. Será la única posibilidad de que su futuro hijo sea reconocido legalmente como hijo de las dos y tenga los mismos derechos que cualquier pibe.
criticadigital.com
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