La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ayer una declaración que exhorta a poner fin a las violaciones de los derechos humanos fundadas en la orientación sexual y la identidad de género. El documento, firmado por 66 países y presentado por la Argentina, significa el primer paso para la despenalización universal de la homosexualidad.
En más de 80 países todavía hay leyes que la castigan, incluso con la pena de muerte (en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Mauritania, Nigeria, Sudán y Yemen). En la mitad de ellos son un resabio de las "leyes de sodomía" de la colonización británica, que ponían bajo sospecha las costumbres sexuales de los pueblos conquistados.
Un reciente informe de Human Rights Watch explica que, en 36 países, esas leyes derivan de una sola ley sobre conducta homosexual que el gobierno colonial británico impuso en India en 1860 (ver www.hrw.org).
Esa ONG fue una de las que apoyaron la declaración, impulsada principalmente por la International Gays and Lesbian Association (ILGA). La iniciativa es el primer resultado concreto del Comité IDaHo, sigla del Día Internacional Contra la Homofobia, instaurado en 2006.
"Los gobiernos de América Latina están ayudando a abrir el camino, como defensores de la igualdad y partidarios de esta declaración", señaló la mexicana Gloria Careaga Pérez, co-secretaria general de ILGA.
En ese sentido, Argentina tuvo, junto con Francia, un papel protagónico al impulsar el documento, que fue presentado por Jorge Argüello, embajador argentino ante la ONU.
"Esto refuerza el compromiso de nuestro país para adecuar las normas para terminar con las violaciones de derechos humanos a nuestra comunidad", destacó a Clarín, desde Nueva York, Pedro Paradiso Sottile, coordinador del área jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), quien integró el equipo de ILGA que trabajó en el tema.
La declaración, que no tiene estatus de tratado, enmarca la diversidad sexual en los derechos humanos. Expresa la alarma de los países firmantes "por la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio que se dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de género".
El documento también condena las violaciones a los derechos humanos por esta causa. Y urge a los Estados a tomar "las medidas necesarias, en particular las legislativas o administrativas", para despenalizar la elección sexual.
Toda la Unión Europea y casi toda América Latina —incluso Cuba— suscribieron la declaración, a la que también adhirieron Japón, Israel, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Nepal, República Centroafricana y Gabón, un país islámico. No firmaron Estados Unidos —argumentó que el sistema federal le impide tomar este tipo de compromisos—, China, Rusia ni el Vaticano; de este último, observador permanente ante la ONU, se esperaba un pronunciamiento negativo, pero su delegado se mantuvo en silencio.
El embajador sirio Abdullah al-Hallaq, en nombre de 58 países islámicos, leyó una declaración en contra, donde se advierte que la homosexualidad podría "conducir a la normalización social y probablemente la legitimación de muchos actos deplorables, como la pedofilia". Consideró además que el documento aprobado constituye una injerencia en los asuntos internos de los países.
Con sólo un tercio de los votos, aún se está lejos de que las minorías sexuales dejen de ser perseguidas y gocen de todos los derechos humanos. "Pero es la primera vez que la Asamblea General de la ONU trata este tema", celebró Paradiso Sottile.
Los avances en el país
Ley de unión civil. En vigencia en la Capital (desde julio de 2003) y en Villa Carlos Paz. Aprobada en la provincia de Río Negro, aunque aún sin reglamentar.
En la Ciudad, otorga un marco jurídico a la convivencia afectiva entre personas heterosexuales u homosexuales.
Entre otros beneficios, acredita la convivencia para reclamos ante la justicia, permite sacar créditos en conjunto, acceder a créditos oficiales de vivienda, y a la extensión de la cobertura de salud de la pareja.
Pensión por viudez.
En agosto pasado, la ANSES declaró a los convivientes del mismo sexo como parientes con derecho a la pensión por fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad del Régimen Previsional Público o del Régimen de Capitalización.
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