Si un Gobierno quiere reducir la tasa de abortos y el riesgo para las mujeres en edad reproductiva, no debería prohibirlos. Tampoco restringir demasiado los supuestos en los que se permite. Un estudio publicado en The Lancet revela que la tasa de abortos es menor en los países con leyes más permisivas, y son más numerosos donde la intervención es ilegal o está muy limitada, aunque las mujeres deban recurrir a clínicas clandestinas y poner en peligro su salud. “Aprobar leyes restrictivas no reduce la tasa de abortos”, afirma Gilda Sedgh, autora del estudio, “pero sí aumenta la muerte de mujeres”. “Condenar, estigmatizar y criminalizar el aborto son estrategias crueles y fallidas”, manifiesta Richard Morton, director de The Lancet.
Los autores alertan de que el notable descenso en la tasa mundial de abortos que se produjo entre 1995 y 2003 se ha parado, al tiempo que han aumentado los realizados en condiciones peligrosas. En ese periodo, la tasa de abortos por 1.000 mujeres en edad reproductiva (entre 35 a 29 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, la considerada reproductiva). Luego se detuvo. Según Sedgh, ello se debe a que no se ha producido ningún avance en la presencia y utilización de métodos anticonceptivos. “Hay que invertir más en planificación familiar”, pidió la investigadora, que firma el estudio con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los autores concluyen que “las leyes restrictivas no están asociadas con tasas más bajas de abortos”. Por ejemplo, Suráfrica, que lo legalizó en 1997, tiene la más baja del continente.
Sudáfrica legalizó esta práctica en 1997 y tiene la tasa más baja de África
El estudio abunda en la línea de los datos hechos públicos en España tras la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en julio de 2010, que permite a la mujer abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 del embarazo. El número de abortos en España apenas varió un 1% al alza el año en que la ley entró en vigor. Es más, en el segundo semestre de 2010 se registraron casi 4.000 intervenciones menos que en en el primero, cuando la norma no había entrado en vigor.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ratificó hace pocas semanas el compromiso del presidente, Mariano Rajoy, de reformar la ley para “preservar el derecho a la vida y garantizar la situación de las menores”. La declaración se interpretó como un intento de volver al escenario anterior a la ley, que obligaba a alegar un motivo (violación, malformación o riesgos para la mujer) para la intervención.
“Las leyes no modifican el número de abortos, porque una mujer que se ve obligada a abortar buscará el camino que sea”, afirma Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del hospital madrileño Severo Ochoa. “Si el Gobierno quiere disminuir los abortos, debería reducir los embarazos no deseados”, continúa. Martínez cree que las políticas de educación sexual son mucho más efectivas que un cambio legal.
Donde sí inciden las leyes de forma muy directa es en el número de intervenciones que comportan un alto riesgo para la salud. Su proporción no ha dejado de aumentar en el mundo en los últimos 13 años, y representan un 49% del total. Casi todas (un 98%) se realizan en países pobres, mientras que en Europa y América del Norte son casi inexistentes. La OMS define estas operaciones como las llevadas a cabo “por un individuo que no tiene la formación necesaria o en un ambiente que no cumple con los mínimos requisitos médicos”. Las operaciones suelen ser seguras en los países en los que el aborto está permitido, y peligrosas en los que las leyes son más restrictivas. “Incluso en los países en desarrollo que han aprobado leyes más progresistas, los abortos ilegales tienden a representar menos riesgos que en el resto”, dice el estudio. “En Suráfrica, el número de muertes relacionadas con los abortos cayó un 91% tras la liberalización”, explica Sedhg. El estudio afirma que 47.000 mujeres murieron por complicaciones relacionadas con el aborto en 2008 en el mundo.
“Las tasas de aborto de un país la explican diversas razones, entre las que tiene mucho que ver la educación sexual”, afirma Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar. No solo es la ley, sino el nivel de “aceptación de la sexualidad” y de acceso a los métodos anticonceptivos. “La Ley de Salud Sexual y Reproductiva no ha disparado las interrupciones del embarazo, a pesar de que algunos decían que iba a ser un coladero. Los jóvenes no sustituyen los anticonceptivos por el aborto”, reflexiona.
El otro aspecto polémico de la ley aprobada por el Gobierno socialista, y al que también se refirió Santamaría, es el consentimiento paterno. La ley establece que a partir de los 16 años las mujeres pueden decidir sobre la interrupción del embarazo y que las menores deben informar a sus padres salvo que ello pueda generar un “conflicto familiar grave”. Santamaría insistió en que el Gobierno quiere “garantizar la situación de las menores”, probablemente eliminando la excepción actual.
De 1.186 menores analizadas por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), el 13% lo hicieron sin informar a su tutor legal. Esas jóvenes son “las más vulnerables”, dice Serrano, temerosa de que cualquier cambio en la ley actual afecte a este grupo. “Si se siembra el desconcierto, algunas chicas tendrán tanto miedo que retrasarán la decisión o lo harán en la clandestinidad, poniendo en peligro su vida”. La presidenta de Acai, Francisca García, coincide: “Las leyes restrictivas no disminuyen las tasas de aborto ni garantizan la salud de la mujer”. “En Holanda, donde el aborto está permitido hasta las 24 semanas y sin condiciones, la tasa es la más baja de Europa”.
“El aborto farmacológico ha aumentado en todo el mundo, tanto en intervenciones legales como clandestinas”, afirman los autores de la investigación. Los expertos tienen claro que esta vía ha ayudado a salvar vidas: “El aumento el uso de medicación ha contribuido probablemente al descenso en la proporción de abortos clandestinos que resultan en la muerte de la madre”. En España, este tipo de intervenciones son minoritarias, aunque en comunidades como Cataluña los centros de planificación familiar pueden recetar la medicación.
En Europa, cerca de un 30% de los embarazos acaba en aborto. Pero en los países del Este se produjeron 43 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (la tasa más alta del mundo), frente a los 12 de Europa occidental. Tras descender en los noventa, la tasa de abortos en Europa del Este aumentó significativamente por “el bajo uso de anticonceptivos eficaces”. Casi uno de cada cinco embarazos acabaron en aborto en el mundo en 2008, último año con datos fiables. A pesar de que la tasa se ha mantenido estable, ese año se produjeron 2,2 millones más de abortos que en 2003 debido al aumento de la población mundial. El número de interrupciones voluntarias del embarazo descendió en 600.000 en los países ricos desde 2003, pero aumentó en 2,8 millones en los países en desarrollo.
A pesar de las cifras, el aborto sigue siendo tabú en muchos países, según el director de The Lancet. “Mi experiencia me dice que la sola mención del tema genera una fuerte reacción visceral en cualquier discusión”, explica. “La estigmatización y la censura de este tema es frecuente en las agencias y comisiones internacionales”, concluye.
elpais.com
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