En 1993, Gladys y Jamie Scott, dos hermanas estadounidenses de raíces afroamericanas, participaron de un robo a mano armada. Si la noticia terminara ahí, la decisión del Estado de Mississippi de condenarlas a cadena perpetua no llamaría demasiado la atención. Sin embargo, todo su pecado fue haberle tendido una trampa a dos allegados para que tres adolescentes les robaran un jugoso botín de 11 dólares (unos 44 pesos). Pero si aquella fue señalada como una condena insólita, la decisión que acaba de tomar el gobernador de ese estado lo es todavía más: como una de las dos tiene problemas renales y necesita diálisis constante, las liberó con la condición de que una le done un riñón a la otra. Simple: el tratamiento de Jamie le costaba al Estado 200.000 dólares al año.
Si la comunidad afroamericana tomó su caso como un emblema de la segregación racial se debe a que cuando fueron sentenciadas, ninguna tenía antecedentes penales ni habían lastimado a las víctimas del robo. Pero muchos creen que si lograron su cometido se debe, más que a la presión pública, a las intenciones del gobernador republicano Haley Barbour de llegar a la Casa Blanca y de reducir costos: “La condición médica de Jamie Scott crea un costo sustancial para el estado de Mississippi”, dijo en un comunicado. Además, les permitirá mudarse a Florida, donde vive su familia. El Estado de Mississippi, de esa forma, se liberará de los gastos, incluso de los del trasplante. Es que, si acaso a la historia le faltaba un condimento extraño es esta suerte de “pedido de sponsors”: las hermanas Scott anunciaron que pedirán donaciones para financiar la ablación.
Si bien la madre de las hermanas y la comunidad afroamericana aplaudieron la decisión, la polémica no tardó en encenderse. Sucede que en Estados Unidos –como en Argentina– para evitar el tráfico ilegal de órganos, tanto la compra-venta como el hecho de forzar a alguien a ser donante, está prohibido. De hecho, Michael Shaphiro, jefe de la Unidad de Trasplantes de órganos del centro médico Hackensack, calificó la condición que les pusieron para “perdonarlas” de “falta de ética” e “ilegal”.
Ahora Gladys, de 36 años, tendrá un año para donarle un riñón a su hermana Jamie, de 38. Sin embargo, aunque en el comunicado se indicó que las hermanas “ya no representan una amenaza para la sociedad”, no quedó claro un detalle: qué ocurrirá si, por incompatibilidad o por otra razón médica, Gladys no puede ser donante. ¿Volverán a la cárcel?
clarin.com
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