Aborto inseguro: el negocio ilegal de fármacos se extiende en Internet

Vendo pastillas a 50 pesos, originales con vencimiento 2011. Atención las 24 horas, domingos y feriados. Entrega a domicilio en el día sin cargo en Capital y con un costo mínimo a provincia, mediante Correo Argentino.” Mientras los abortos clandestinos siguen siendo la principal causa de muerte materna del país –con un 29% de incidencia– y en el Ministerio de Salud optan por el silencio para abordar el tema, se multiplican en las redes sociales, foros y sitios webs miles de consejos con información errónea, además de un enorme negocio alrededor de la venta ilegal de las drogas utilizadas para abortos medicamentosos.
La oferta de venta ilegal en Internet hoy se extiende por todo el país con costos que varían entre los 40 pesos y los 50 dólares por pastilla, y con métodos tan desarrollados que hoy es posible hasta el pago con tarjetas de crédito. Según Lesbianas y Feministas por la Legalización del Aborto, una ONG que atiende la línea “Más información, menos riesgos”, donde las mujeres consultan por abortos farmacológicos, el 7% de las mujeres consultadas compra las pastillas por Internet a un sobreprecio que ronda el 200%.
“Si el precio con receta en la farmacia del misoprostol es de 15 pesos, el promedio en Internet es de 44, con el riesgo además de que vengan truchas, vencidas, estén en mal estado o que sean placebos. En los barrios más pobres, las cortan y las mezclan con otras drogas, perdiendo el efecto. Las mujeres suelen hacer depósitos y después les llegan por correo o tienen puntos de encuentro con los dealers”, explicó Luciana Sanchez, de esa organización.
La venta por Internet es sólo una faceta más de un enorme negocio ilegal que lucra con el cuerpo de las mujeres. El misoprostol es una droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que tiene, además de un uso obstétrico, un uso abortivo hasta la semana 9 o 12 de gestación. Este método fue remplazando a la opción quirúrgica porque es un método no invasivo que puede aplicarse en la casa, con un control médico posterior y que tiene el 1% de riesgo de infección y menos del 5% de posibilidad de hemorragia. Hasta 1998, el misoprostol fue de venta libre en el país. Pero por presión del Colegio Público de Farmacéuticos de la provincia Buenos Aires, y siguiendo el ejemplo de Brasil, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió restringir su venta bajo receta archivada. En la Disposición 3646/98, la ANMAT determinó que la droga “necesita un uso y aplicación controlados con exigencia de información clara acerca de los riesgos”.
Las consecuencias quedaron a la vista: seis de cada diez cajas se venden en el mercado ilegal, según informó el mismo Colegio Público de Farmacéuticos bonaerense. También Marcelo Peretta, presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, estimó un crecimiento de la venta ilegal de medicamentos para interrumpir embarazos de un 10% anual. Según la Agencia Federal estadounidense de Control de Alimentos y Medicamentos, en 2009 se vendieron en la Argentina unas 8000 píldoras.
“Riesgos en salud reproductiva. Uso indebido de misoprostol en adolescentes embarazadas” fue uno de los primeros estudios realizados en el país sobre el método farmacológico, a cargo de la socióloga María Alicia Gutierrez y la ginecóloga Sandra Vázquez. Señalaban ya en 2003 que los farmacéuticos aplicaban la venta fraccionada e ilegal y tenían métodos de regulación de oferta que llevaban a las mujeres a invertir entre 15 y 150 pesos por una pastilla.
Según la ONG Lesbianas y Feministas, alrededor del 60% de las mujeres compra hoy en el mercado clandestino. La base del problema es que la clandestinidad se extiende mucho más allá de sus límites. El artículo 86 del Código Penal, que prohibe los abortos, establece que aunque la conducta de la mujer sea ilegal, no son delito las acciones médicas que cumplen las reglas éticas y técnicas, antes, durante o después de un aborto. Es decir, los médicos pueden recetar misoprostol. Pero no lo hacen. Según una encuesta realizada a 291 médicos de Atención Primaria de la Salud de 19 provincias durante marzo y abril de 2010, el 70% recibe entre una y cuatro consultas sobre aborto por mes, y de ellos, el 40% entrega información sobre opciones, pero sólo el 8% receta el medicamento.
Por estas prácticas, la distancia entre las mujeres y el sistema de salud es cada vez mayor. Según el informe que la ONG presentó ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), el 66% de las mujeres que llamaron a la línea entre marzo y abril de 2010 prefiere no consultar a un médico cuando decide abortar, y el 90% de las menores de 20 años no tiene un médico de confianza con quien hablar de la decisión de interrumpir el embarazo. La conclusión del informe es elocuente: “La prohibición no exime al Estado de sus obligaciones de prevenir el aborto inseguro: no morir ni enfermarse por aborto inseguro es un derecho humano básico, universal e inderogable.”
elargentino.com