Ya es un Derecho Humano el acceso al agua potable y, como tal, pasó a ser parte de la Declaración Universal suscrita por los 192 países miembros de las Naciones Unidas (ONU). Una propuesta presentada por Bolivia fue aprobada ayer por la Asamblea General de la organización multilateral, sin ningún voto en contra, pero con la abstención de 41 países –entre ellos todos los considerados desarrollados– que lidera los Estados Unidos. De los 163 delegados presentes en la sesión, 122 apoyaron con su voto la propuesta a la que la Bolivia de Evo Morales había definido como una “prioridad de la política exterior y humanitaria nacional”.
“Los seres humanos somos esencialmente agua”, dijo el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, a la hora de asumir la defensa de la iniciativa. Antes leyó una extensa lista de todos los problemas de salud derivados de la falta de agua potable. “Es razonable que Estados Unidos y los países desarrollados hayan tratado de boicotear esta decisión. No se animaron a mostrar su juego abiertamente, votando en contra, porque no tienen ningún argumento para sostener su posición. Y además de razonable es lógico, porque son sus empresas las que explotan el agua de nuestros países”, dijo uno de los especialistas bolivianos que asesoraron a Solón durante la sesión de ayer.
“Cada año, más de 3,5 millones y medio de personas mueren por enfermedades evitables, transmitidas por el agua contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de muerte de niños por debajo de los cinco años”, informó Solón. El embajador boliviano también recordó la alta mortalidad infantil con las siguientes palabras: “Cada tres segundos y medio, durante el tiempo que dura mi silencio, muere un niño, en algún lugar del mundo, por falta de agua limpia.”
El embajador de los Estados Unidos, Hohn F. Sammis, escuchó impávido, sin gestos ni interrupciones, el discurso del funcionario boliviano. Pero a su turno se limitó a señalar que “la resolución que se nos propone describe el derecho al agua de una forma que no refleja el derecho internacional”. Así explicó la abstención de su país y los aliados.
La resolución no es vinculante en el marco del derecho internacional, por lo que su cumplimiento no es exigible por ley, ni siquiera para los 192 países miembros de la ONU que homologaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, tiene un alto valor simbólico, e influye en las políticas de la ONU. Además sienta un precedente que las grandes empresas multinacionales que manejan el negocio a escala mundial tendrán que tener en cuenta al momento de realizar inversiones.
elargentino.com
“Los seres humanos somos esencialmente agua”, dijo el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, a la hora de asumir la defensa de la iniciativa. Antes leyó una extensa lista de todos los problemas de salud derivados de la falta de agua potable. “Es razonable que Estados Unidos y los países desarrollados hayan tratado de boicotear esta decisión. No se animaron a mostrar su juego abiertamente, votando en contra, porque no tienen ningún argumento para sostener su posición. Y además de razonable es lógico, porque son sus empresas las que explotan el agua de nuestros países”, dijo uno de los especialistas bolivianos que asesoraron a Solón durante la sesión de ayer.
“Cada año, más de 3,5 millones y medio de personas mueren por enfermedades evitables, transmitidas por el agua contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de muerte de niños por debajo de los cinco años”, informó Solón. El embajador boliviano también recordó la alta mortalidad infantil con las siguientes palabras: “Cada tres segundos y medio, durante el tiempo que dura mi silencio, muere un niño, en algún lugar del mundo, por falta de agua limpia.”
El embajador de los Estados Unidos, Hohn F. Sammis, escuchó impávido, sin gestos ni interrupciones, el discurso del funcionario boliviano. Pero a su turno se limitó a señalar que “la resolución que se nos propone describe el derecho al agua de una forma que no refleja el derecho internacional”. Así explicó la abstención de su país y los aliados.
La resolución no es vinculante en el marco del derecho internacional, por lo que su cumplimiento no es exigible por ley, ni siquiera para los 192 países miembros de la ONU que homologaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, tiene un alto valor simbólico, e influye en las políticas de la ONU. Además sienta un precedente que las grandes empresas multinacionales que manejan el negocio a escala mundial tendrán que tener en cuenta al momento de realizar inversiones.
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