“En Misiones se pagan 30 mil pesos por un bebé.” La denuncia no es nueva. Lo novedoso es que partió de la boca de un cura, misionero él, para más datos de Oberá, la ciudad con mayor índice de adopción ilegal de bebés en el país. Se trata de Ricardo Buiak, quien además es diputado provincial por el Frente de Todos. “Todo el mundo sabe cómo, cuándo y dónde se consigue un bebé”, denunció Buiak y apuntó contra remiseros, dueños de hoteles y abogados, y provocó remezones en la provincia de la tierra roja. Tanto que el ministro de Derechos Humanos provincial, Edmundo Soria Vieta, salió a defender la figura de la adopción, cuidadosamente, para diferenciar de lo que se llama compra de vientre. “El Estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre”, sostuvo Soria Vieta. Entretanto, Misiones sigue jaqueada por los casos que saltan a la luz. En poco más de una semana Oberá pasó por dos intervenciones policiales que frustraron la entrega de dos bebés previa denuncia de sus abuelas. Ayer, un comisario de Oberá aseguraba que estaban desbordados y no podían actuar.
El viernes 8 de agosto, una pareja que viajaba por la ruta 14 desde Oberá hacia Buenos Aires fue detenida a la altura de la localidad Amado Bonpland. Llevaban una beba recién nacida. Dijeron que no tenían los papeles del auto y, como los vieron nerviosos, los gendarmes ordenaron que estacionaran en la banquina. Cuando les pidieron sus documentos, presentaron el DNI de una beba nacida tres días antes, en Oberá, y dieron domicilio en esa ciudad. La única coincidencia era entre el DNI de la beba y su partida de nacimiento, ambas con el mismo apellido. En cambio, ninguno de los apellidos de los dos mayores coincidían con el de la beba.
Para esa misma fecha, una abuela de poco más de 40 años logró evitar que su hija negociara el bebé del que todavía estaba embarazada, según publicó el diario local El Territorio. La adopción ilegal utiliza diferentes mecanismos: pacta previamente el embarazo; compra la gestación ya iniciada o paga por un bebé apenas nacido. “Legalizar un recién nacido tiene un costo que no baja de 30 mil pesos”, explicó Buiak.
Es “un negocio en el que la que menos dinero lleva es la madre, a quien le entregan 2 mil pesos y alimentación mensual durante el embarazo –señaló el cura legislador–. Los que sí obtienen ganancias son los que legalizan (las adopciones ilegales), abogados si se quiere”. Incluso, señaló Buiak, “después de los casos que se frustraron de ventas de bebés, subieron los precios”. “Estos negociados ya son un tema viejo, que incluso le costó el puesto a una jueza, pero acá todo el mundo sabe el hotel donde se alojan los que llegan para comprar panzas, el lugar donde tienen a las chicas embarazadas. Los dueños de los hoteles, los remiseros, los vecinos, todos saben dónde se compran los bebés. Algunos van por el lado de lo solidario, que es mejor que alguien con dinero cuide del bebé para que no vivan en la miseria. Pero lo que falta es concientizar a la gente y erradicar la pobreza.”
El ministro de Derechos Humanos misionero, Edmundo Soria Vieta, sostuvo que “el Estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre, de la prebenda mientras se desarrolla el embarazo, o de la seducción de la mujer para que entregue su bebé a cambio de dinero o bienes. Así, termina adoptando quien más plata tiene y no quien más amor tiene”. Soria Vieta aseguró que “hay gente involucrada que ha hecho de esto un negocio, obviamente, porque la gente que viene, en un 80 o 90 por ciento, es extraprovincial”.
Como señalaron el cura legislador y el ministro, la pobreza es la base para que se extienda el negocio. El barrio San Miguel (o su pobreza), en Oberá, viene a ser el lugar donde ponen la mira las organizaciones de adopción ilegal. Pero también en los barrios de Bella Vista y Villa Martos operan las redes de la compraventa. Y de acuerdo con lo que reveló El Territorio, un hotel de la zona es el lugar tomado como base para completar la compra. “En todo momento la dueña negó que mi hija estuviera ahí, pero llamamos a la policía y la encontraron en una habitación”, dijo Olinda Ruñisky, una de las abuelas denunciantes. La mujer que se haría pasar como madre, una uruguaya residente en la Capital, cuando fue interpelada dijo que estaba allí pasando sus vacaciones.
El viernes 8 de agosto, una pareja que viajaba por la ruta 14 desde Oberá hacia Buenos Aires fue detenida a la altura de la localidad Amado Bonpland. Llevaban una beba recién nacida. Dijeron que no tenían los papeles del auto y, como los vieron nerviosos, los gendarmes ordenaron que estacionaran en la banquina. Cuando les pidieron sus documentos, presentaron el DNI de una beba nacida tres días antes, en Oberá, y dieron domicilio en esa ciudad. La única coincidencia era entre el DNI de la beba y su partida de nacimiento, ambas con el mismo apellido. En cambio, ninguno de los apellidos de los dos mayores coincidían con el de la beba.
Para esa misma fecha, una abuela de poco más de 40 años logró evitar que su hija negociara el bebé del que todavía estaba embarazada, según publicó el diario local El Territorio. La adopción ilegal utiliza diferentes mecanismos: pacta previamente el embarazo; compra la gestación ya iniciada o paga por un bebé apenas nacido. “Legalizar un recién nacido tiene un costo que no baja de 30 mil pesos”, explicó Buiak.
Es “un negocio en el que la que menos dinero lleva es la madre, a quien le entregan 2 mil pesos y alimentación mensual durante el embarazo –señaló el cura legislador–. Los que sí obtienen ganancias son los que legalizan (las adopciones ilegales), abogados si se quiere”. Incluso, señaló Buiak, “después de los casos que se frustraron de ventas de bebés, subieron los precios”. “Estos negociados ya son un tema viejo, que incluso le costó el puesto a una jueza, pero acá todo el mundo sabe el hotel donde se alojan los que llegan para comprar panzas, el lugar donde tienen a las chicas embarazadas. Los dueños de los hoteles, los remiseros, los vecinos, todos saben dónde se compran los bebés. Algunos van por el lado de lo solidario, que es mejor que alguien con dinero cuide del bebé para que no vivan en la miseria. Pero lo que falta es concientizar a la gente y erradicar la pobreza.”
El ministro de Derechos Humanos misionero, Edmundo Soria Vieta, sostuvo que “el Estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre, de la prebenda mientras se desarrolla el embarazo, o de la seducción de la mujer para que entregue su bebé a cambio de dinero o bienes. Así, termina adoptando quien más plata tiene y no quien más amor tiene”. Soria Vieta aseguró que “hay gente involucrada que ha hecho de esto un negocio, obviamente, porque la gente que viene, en un 80 o 90 por ciento, es extraprovincial”.
Como señalaron el cura legislador y el ministro, la pobreza es la base para que se extienda el negocio. El barrio San Miguel (o su pobreza), en Oberá, viene a ser el lugar donde ponen la mira las organizaciones de adopción ilegal. Pero también en los barrios de Bella Vista y Villa Martos operan las redes de la compraventa. Y de acuerdo con lo que reveló El Territorio, un hotel de la zona es el lugar tomado como base para completar la compra. “En todo momento la dueña negó que mi hija estuviera ahí, pero llamamos a la policía y la encontraron en una habitación”, dijo Olinda Ruñisky, una de las abuelas denunciantes. La mujer que se haría pasar como madre, una uruguaya residente en la Capital, cuando fue interpelada dijo que estaba allí pasando sus vacaciones.
